Aristóbulo del Valle recupera el cobro al Banco Nación y el fondo se define después
El banco sostuvo que la carga podía afectar su patrimonio, pero el juez no vio pruebas suficientes de un daño irreparable. El fondo del asunto se resolverá más adelante.

El Juzgado Federal de Oberá levantó la medida cautelar que frenaba a la Municipalidad de Aristóbulo del Valle para cobrarle al Banco de la Nación un tributo municipal. La decisión la firmó el juez federal Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga el jueves 27 de agosto, a pedido del propio municipio, y con eso la comuna vuelve a tener habilitado el reclamo, la intimación o cualquier acción de cobro del Derecho de Inspección, Registro y Servicios de Contralor mientras el juicio principal sigue en marcha.
Cómo se llegó a esta resolución
Todo arrancó con una demanda del banco, que cuestiona la constitucionalidad del régimen tributario municipal. El 30 de abril de 2025, el mismo juzgado había dictado una cautelar que obligaba a la Municipalidad a no exigir las sumas reclamadas hasta que hubiera una sentencia definitiva.
Este año, el municipio pidió que se levantara esa protección. Para sostener el pedido, citó una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, dictada en febrero, en un expediente parecido que el banco había iniciado contra la Municipalidad de Oberá. En ese caso, el tribunal dejó sin efecto otra cautelar que suspendía el cobro de la misma clase de tasa. Según la Cámara, impedir de manera provisoria la percepción de un tributo vigente cambiaba la situación existente y adelantaba los efectos de un eventual fallo favorable al banco.
Qué sostuvo el juez y qué planteó el banco
El magistrado consideró que ese antecedente era una circunstancia importante para revisar lo resuelto en Aristóbulo del Valle. También remarcó que suspender el cobro toca recursos públicos y facultades tributarias que la ley reconoce a los gobiernos municipales.
El Banco Nación se opuso y sostuvo que seguían vigentes las razones que justificaron la cautelar. Dijo además que la carga del tributo podía provocar un perjuicio patrimonial importante e incluso afectar el funcionamiento de la sucursal. Sin embargo, el juez señaló que la entidad no acercó elementos suficientes para demostrar un daño irreparable ni un riesgo concreto para la continuidad de sus actividades.
Lo que todavía queda por discutir
La resolución deja en claro que falta producir pruebas. Hay que determinar si el municipio presta de verdad los servicios que cubre la tasa y si el monto reclamado es razonable, proporcional o, eventualmente, confiscatorio. Hasta que eso se resuelva, el fallo aclara que levantar la cautelar no equivale a pronunciarse sobre la constitucionalidad ni sobre la legalidad del derecho. Esas cuestiones se definirán con la sentencia de fondo.
Por último, las costas de esta incidencia se impusieron por su orden, así que cada parte deberá pagar sus propios gastos judiciales.
Lo que hay que saber
- El juez federal Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga firmó la resolución el jueves 27 de agosto.
- La cautelar que frenaba el cobro se había dictado el 30 de abril de 2025.
- El tributo en discusión es el Derecho de Inspección, Registro y Servicios de Contralor.
- La Municipalidad puede reclamar, intimar o iniciar acciones de cobro mientras sigue el juicio principal.
- Las costas de esta incidencia quedaron a cargo de cada parte.



